Fue en el lejano año de 2005 cuando Inma Mayol -por aquel entonces tercera teniente de Alcalde por Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) y presidenta del Institut Parcs i Jardins de Barcelona- destapó la caja de los truenos al decidir la conversión de este organismo autónomo en Entidad Pública Empresarial Local (EPEL). La diferencia era sustancial: aunque la titularidad seguía siendo municipal -es decir, pública- la EPEL permitía a sus gestores disponer de una amplia autonomía para externalizar (ceder la ejecución de un servicio a una empresa subcontratada) o simplemente para contratar obras y servicios (compra de material, vehículos, etc.) Algo que los sindicatos vieron como el principio de la privatización del organismo.
Un temor no del todo infundado: Correos (hoy sociedad anómina, aunque sea estatal) había seguido el mismo camino. Pero Mayol, además, introdujo otro cambio significativo, que sería materia de controversia en el futuro: la cooperación en materia social que hasta entonces mantenía Parques y Jardines con cooperativas de padres de discapacitados -y que permitía a este colectivo desarrollar un trabajo en la empresa- fue sustituida por un concurso público puro y duro, abierto a todo el mundo, incluidas las grandes compañías. Un procedimiento en el cual estas cooperativas -en inferioridad de condiciones para competir- llevaban las de perder.
Empieza el baile
Las consecuencias de ambas decisiones no se hicieron esperar: Con la EPEL la subcontratación o externalización experimentó un aumento exponencial, algo que suele comportar pérdida de carga de trabajo (y, por tanto, un paso hacia la privatización); empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados; deterioro del servicio (pues las empresas privadas tienden a primar la rentabilidad por encima de la calidad); y encarecimiento del mismo (pues los errores cometidos por las privadas los ha de subsanar luego Parques y Jardines).
En 2005 las externalizaciones supusieron 5.521.977 de euros; en 2011, la cifra había trepado a 13.883.615 y el pasado año ascendieron a nada menos que 18.469.068,72 euros. En cuanto al colectivo de discapacitados, grandes empresas como Urbacet, Can Cet, Barnaverd o grupo SIFU desplazaron a las antiguas cooperativas de padres, incapaces de competir con ellas en concurso público. Esto se tradujo en un empeoramiento de las condiciones laborales de estos trabajadores. “Estas empresas emplean a discapacitados que cobran el Salario Mínimo Interprofesional, un sueldo inferior al del resto de la plantilla”, denuncia Silvia Fitó (CCOO), presidenta del Comité de Empresa. “Aparte de contar con menos recursos: tienen menos formación -por no decir ninguna- y este año han tenido problemas para conseguir ropa de abrigo”.
Los sindicatos piden la integración pura y simple de este colectivo en la plantilla, en igualdad de condiciones, y la remunicipalización de las zonas verdes que tienen asignadas. Una reivindicación a la que el Ayuntamiento responde con un argumento recurrente: “Nos dicen que hay una posibilidad, pero que lo están estudiando. De momento no hay nada sobre la mesa, más que el compromiso de considerarlo”, afirma Nacho Moratinos (UGT), representante del Comité de Empresa en el Consejo de Administración.
La plantilla, con déficit crónico
Excluyendo la sierra de Collserola, Barcelona cuenta con 1.128 hectáreas de zona verde. Según la ratio establecida por el Convenio Colectivo del período 2011-2015, cada hectárea debe ser atendida por 1,2 trabajadores. Pues bien, según este baremo, la plantilla actual de Parques y Jardines debería ascender a 1.353 empleados. Pero la realidad es que es de sólo 920 trabajadores (es decir, 433 menos). Una de las desventajas de ser izquierda alternativa es que se levantan tantas expectativas, se espera tanto de ella, que luego la realidad resulta decepcionante. Y de momento, aunque el gobierno de Ada Colau ha servido para obtener algunos avances (la calificación de Parques y Jardines como “Servicio Esencial”, que garantiza el cumplimiento de la Tasa de Reposición, es decir, que se cubran jubilaciones y bajas naturales), se ha revelado incapaz de alcanzar la ratio que establece el Convenio, es decir, de enjugar un déficit de personal crónico.
“Cuando Barcelona En Comú comenzó su mandato había 920 trabajadores en Parques y Jardines. Y ahora, a un año de concluirlo, sigue habiendo 920” -señala Pepe Ruiz, prejubilado y antiguo presidente del Comité de Empresa. “Lo que han hecho ha sido parar la sangría que representan las jubilaciones -unos cien trabajadores menos cada año- mediante otro avance, que es el llamado contrato de relevo, al final del cual el trabajador que cubre la jubilación queda en situación de interino, a la espera de una oferta pública de empleo”. “Pero esto” -denuncia- “sólo consigue mantener las cosas tal como están, en modo alguno aumenta la plantilla. Lo único que aumenta es la eventualidad”. De hecho, cuando Colau llegó a la alcaldía, de los 920 trabajadores que tenía Parques y Jardines, 122 eran eventuales. En la actualidad, éstos últimos ascienden a 189.
Y las últimas oposiciones (celebradas en octubre de 2017) ofertaron sólo 24 plazas, de las que 22 correspondieron a personal interino o relevista que consolidó un puesto en el que ya trabajaba. Un aumento de plantilla real, por tanto, de sólo dos plazas. Para este año, el Ayuntamiento ofertará 55 plazas de Auxiliares de Jardinería y 9 de técnicos agrícolas. Teniendo en cuenta que ambas oposiciones tan sólo cubren la Tasa de Reposición (la de 2017 cubrió la tasa de 2015; y la de este año, las de 2016 y 2017). ¿Es posible remunicipalizar servicios externalizados, tal como piden los sindicatos? “Ahí está el quid de la cuestión. Es la pescadilla que se muerde la cola”, sentencia Moratinos.
¿Quién manda en el Institut?
Silvia Fitó pide “valentía” al Ayuntamiento para cumplir los compromisos que adquirió, y que pasan por solucionar las grandes asignaturas pendientes de la empresa: Integración del colectivo de discapacitados, aumento real de la plantilla y remunicipalización de servicios externalizados. Pero denuncia que la actual “cúpula técnica” del organismo (Jordi Campillo, gerente del área de Mantenimiento, Servicios y Ecología Urbana; y Jordi Ribas, gerente adjunto) está “torpedeando” los compromisos adquiridos en su día por la “cúpula política” del Ayuntamiento (Janet Sanz, presidenta, y Frederic Ximeno, comisionado de Ecología).
La duda es: ¿este “boicot” de los “cúpula técnica” –a la que los sindicalistas no dudan en calificar de “poder fáctico”, de verdadero “cortijo” dentro de la empresa- es consentido por el propio gobierno municipal –bien sea por propio interés o por cobardía-? ¿O realmente los técnicos mandan más que los representantes elegidos democráticamente? “Es que no te puedo contestar” -confiesa el representante de UGT- “dependiendo de cómo haya ido una reunión, te digo que nos han metido un gol o te digo pobrecitos, que hacen lo que pueden”. La presidenta del Comité, por su parte, no pierde la esperanza: “Pienso que nos están tomando el pelo, pero veo brotes verdes, aunque son pocos”. Y Susana Rofín (CGT), secretaria del Comité y representante de la CUP en el Consejo de Administración, afirma que estamos ante “un pulso continuo entre técnicos y políticos”. Finalmente, Pepe Ruiz lo tiene claro: “Nos toman el pelo”.
