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Ocho años de vivienda con Ada Colau

El Ayuntamiento de Barcelona aprobó en 2018 la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM), por la que se obligaba a los promotores inmobiliarios a reservar el 30% de cada obra nueva a vivienda de protección oficial, así como en las rehabilitaciones que afecten a todo el inmueble y en los cambios de uso del edificio. Esta ha sido, sin duda, la medida de mayor calado de la alcaldesa Colau en materia habitacional. Y también la más polémica, puesto que el choque con la iniciativa privada estaba servido, al estar empeñada ésta, lógicamente, en vender -que no alquilar- a precio de mercado, a toda costa.

Últimamente la hemeroteca no ha sido piadosa con esta normativa. El 27 de julio de 2022, el digital Crónica Global publicaba un artículo cuyo titular la calificaba de “fracaso”: “Colau tapa el fiasco [sic] del 30% para vivienda pública obligatoria con la intervención de 17 promociones”. Y en él podía leerse que, según la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, el Ayuntamiento había detectado un “modus operandi de estafa”, consistente en tramitar diversos permisos de obras menores en vez de solicitar una única licencia de gran rehabilitación, a fin de esquivar la obligación de reservar el 30% a pisos de protección oficial. Sanz aseguraba también que se había llevado a cabo una campaña de inspección de 1.368 inmuebles con permisos de obra entre enero de 2019 -con la normativa ya vigente- y abril de 2022, dando como resultado 138 casos de obras que no se ajustaban al reglamento, en 17 de los cuales se debería haber aplicado la reserva del 30%, lo que hubiera supuesto 70 viviendas sociales más desde 2019.

Pero pasemos a fechas más recientes. El pasado 9 de febrero, el diario La Vanguardia publicaba un artículo que comenzaba así: “La obligación de destinar el 30% de los pisos de las nuevas promociones en Barcelona a vivienda social ha paralizado la construcción de obra nueva en la ciudad, pero solo ha logrado que se construyan 52 viviendas protegidas desde que se aprobó en 2018, según los datos presentados hoy por la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE)”. Esta entidad destacaba también la caída de la promoción de obra nueva en Barcelona, pues hasta el mismo mes del año pasado se habían iniciado 1.389 viviendas, un 16,6% menos que en 2021. Y su presidente, Xavier Vilajoana, se preguntaba: “Las Administraciones habrían de valorar si, con los años que llevamos, una norma que tenía como objetivo aumentar la vivienda protegida en la ciudad ha conseguido sus objetivos”.

“Una medida que duele”

Lucía Delgado es portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona. Acerca de estas informaciones, su posición es clara: “Por la respuesta de la APCE, es una medida que duele, que no gusta nada al sector inmobiliario, que lo único que quiere es especular con un bien de primera necesidad como la vivienda”. Y explica que la reserva del 30% “iba destinada a aumentar el parque público de vivienda. Nuestros cálculos preveían que supusiera un aumento anual de 200 pisos de carácter asequible, que no social”. ¿Hay alguna diferencia entre ambos? “Pues que el alquiler de tipo social está por debajo del precio de mercado, pero aun así resulta caro para una familia con ingresos medio-bajos: entorno a 600-700 euros. Un alquiler asequible, en cambio, rondaría los 100-200 euros”. ¿Y aún así los promotores ponen el grito en el cielo? “Sí” -contesta Delgado- “de ningún modo se resignan a vender o alquilar por debajo de los precios de mercado”.

En cuanto a realizar un balance de la medida desde su entrada en vigor, Delgado prefiere no pronunciarse: “No puedo hacer una valoración porque desde que se promulgó ha habido una pandemia global y una guerra como la de Ucrania, hechos que han paralizado el sector de la construcción durante al menos dos años”. ¿Pero qué fue del objetivo de las 200 viviendas anuales? “Obviamente, con estos impasses, el número de pisos ha sido menor al que calculábamos. Pero esperamos que cuando la situación se normalice se vaya a más”. Y en caso de que un futuro gobierno municipal intente eliminarla, avisa: “Para nosotros es una medida necesaria. Por tanto, si intentan suprimirla, nos tendrán enfrente”.

Trampas al solitario

Salvador Torres es fundador y tesorero de la asociación Por un Alquiler Público y Asequible-500×20. Cuando le preguntamos por el 30%, afirma que “Colau se ha hecho trampas al solitario. Es decir, que, si dice la verdad, pierde las elecciones”. Y explica: “Lo que tenemos que hacer es ver la cuestión en perspectiva: el problema que tiene nuestro país es que no existe un parque público de vivienda. Ahora mismo, en Barcelona, la proporción de pisos públicos está entorno a un 2%-3%, mientras que en Europa se sitúa entre el 15% y el 20%”. Teniendo en cuenta que en la ciudad existen más de 800.000 inmuebles, cumplir los estándares europeos supondría entre 130.000 y 160.000 de viviendas públicas. “Por tanto” -afirma Torres- “estamos, no lejos, sino lejísimos de estos estándares. Y Janet Sanz nos habla de 70 pisos de menos”. Y se reafirma en lo que ya declaró a Carrer en 2019: “Según la normativa del 30%, es el constructor el que tiene la potestad de elegir si ese porcentaje se destinará a venta o a alquiler. Y obviamente, preferirá siempre la venta, cuando lo que se necesita son pisos de alquiler asequible”. Delgado, sin embargo, niega este extremo y afirma que, mediante un decreto de la Generalitat de 2019, se estableció la obligatoriedad de destinar el 30% íntegramente a “viviendas de alquiler asequible”.

Pero Torres va más allá y revela un tema desconocido para el gran público: el plan Habitatge Metrópolis Barcelona. “Se trata del gran proyecto de vivienda social de la era Colau. Y aunque propiamente no corresponde al Ayuntamiento, pues se impulsa desde el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la presidenta de esta entidad es la alcaldesa de la capital, y, por tanto, de alguna manera le pertenece. Consistía en solicitar un crédito de 250 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones para la construcción de 4.500 pisos en el área metropolitana, de los cuales 2.250 serían de alquiler social en la ciudad de Barcelona, en el plazo de diez años”. “Pero” -añade- “el plan fracasa porque el Ayuntamiento, por normativa europea, debía buscar un socio privado para constituir una sociedad mixta, participada al 50% por ambos. Y los constructores exigieron condiciones que no pudieron ser aceptadas”. “En mi opinión”-remata Torres- “la medida del 30% es la consecuencia del portazo de la iniciativa privada a este proyecto. No les quedó otra salida”.

Construcción de vivienda pública

Si en 2019 el portavoz de 500×20 alababa el “gran esfuerzo” municipal en construir vivienda pese a las “limitaciones financieras” que impone el artículo 135 de la Constitución, hoy se pregunta si el Ayuntamiento puede hacer crecer el parque público de vivienda hasta niveles europeos. “De ninguna manera: para construir vivienda social es obligatorio echar mano de los Presupuestos Generales del Estado, que los gestionan las Comunidades Autónomas. El parque público ha crecido muy poco en Barcelona en estos últimos ocho años, y ha sido un esfuerzo enorme”, enfatiza Torres. Por su parte, Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, afirma que “el ritmo de construcción municipal de pisos públicos ha aumentado en los últimos años, pero se podría haber ido más allá. No es suficiente. Haría falta más presupuesto para ello y para hacerlo más rápido. Y más implicación por parte de la Generalitat”.

Mesa de negociación

Otro tema es el establecimiento de una “mesa de negociación con entidades financieras, fondos buitres y grandes propietarios, a fin de que quien no pueda pagar una hipoteca o un alquiler pueda quedarse en su casa en régimen de alquiler social”. Si en 2019 Delgado denunciaba que tales mesas “naufragaban porque la propiedad no quiere llegar a un acuerdo; [y] a los fondos y los bancos sólo les interesa especular con la vivienda”, cuatro años después se reafirma: “Seguimos igual”. “Pero es que además” -añade- “no se están utilizando todos los recursos disponibles”. ¿Qué recursos? “Estos grandes propietarios -por ejemplo la Sareb- están obligados legalmente en muchas ocasiones a ofrecer alquileres sociales a familias que han acreditado su vulnerabilidad, y no lo están haciendo. En este caso, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de sancionar a estos grandes propietarios. Pero la PAH de Barcelona ha requerido al Consistorio información sobre estas multas y, a día de hoy, no hemos recibido respuesta. De momento, no hemos visto transparencia en este aspecto”.

La limitación de espacio nos ha obligado a dejar temas en el tintero: el derecho de tanteo y retracto del Ayuntamiento, el censo de viviendas vacías de la ciudad… Pero, aun así, un balance bastante realista de la gestión de Colau en estos últimos ocho años podría ser el de Salvador Torres: “Si atendemos a lo que han hecho en el pasado otros gobiernos municipales, o lo que hace la Generalitat o el Gobierno central, que es cero, este Ayuntamiento ha hecho mucho, y con un presupuesto mucho más bajo. Ahora bien, si atendemos a las necesidades reales de vivienda de la población, evidentemente se ha quedado corto”. Y si atendemos a las expectativas que la propia Colau levantó, podríamos añadir.

Competencias municipales en vivienda

El artículo 85 de la Carta Municipal de Barcelona indica que “la planificación, la programación y la gestión de la vivienda pública, en régimen de propiedad y de alquiler, en el término municipal […], corresponden exclusivamente al Consorcio [de Vivienda]”, en el que la Generalitat tiene el 60% de los votos y el Ayuntamiento, el 40%. El artículo 86, dice que el “Plan general debe reservar espacios para la vivienda en cualquier régimen de protección pública” y que “los planes especiales deben reservar espacios para esta finalidad, siempre que técnicamente sea posible”.

Pisos de alojamiento temporal para emergencias habitacionales en la plaza de les Glòries.

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