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Organitzacions de l’àmbit de la salut denuncien conflicte d’interessos en un informe sobre el 5G

Compartim la nota de premsa de la Coordinadora Estatal per la Moratòria del 5G, de la qual forma part la Favb, on es denuncia la connivència governamental amb un informe sobre la tecnologia 5G emès per l’autodenominat Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud (CCARS), en realitat un ens privat depenent del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació amb clars interessos en el desenvolupament d’aquesta tecnologia.

Cuestionados los respaldos ministeriales a un informe sobre el 5G del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, por sesgo
Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G, 27 de octubre de 2020

  • La Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G, entiende la presencia de representantes ministeriales en la reciente presentación de este informe como una manifestación de corrupción ambiental, en la línea ya denunciada por diferentes organizaciones sociales en 2017, en la anterior presentación de este informe con el aval del gobierno de Rajoy.
  • Estas organizaciones sociales de todo el Estado, del ámbito ecologista, vecinal, de consumo, de personas enfermas y afectadas, entre otras, denuncian a los ministerios implicados, por no atender a los conflictos de interés en detrimento de la Salud Pública y el Principio de Precaución.

La Coordinadora estatal por la moratoria del 5G, acaba de enviar una carta abierta a la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación, considerando corrupción ambiental la presencia de una representante de dicha Dirección General, así como del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la presentación del informe del autodenominado Comité científico asesor en radiofrecuencias y salud (CCARS).

Este ente privado dependiente del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, no tiene entre sus fines y objetivos estatutarios el de la salud, pero sí tiene el de “defender los derechos e intereses de la profesión en todos sus ámbitos”, con ello entra en colisión con su propio código deontológico al asesorar a los organismos oficiales en materias que no son de su competencia.

Las organizaciones sociales consideran que el Ministerio de Sanidad, con su asistencia a este tipo de actos, desoye la Sugerencia del Defensor del Pueblo que en su resolución del 21/08/2019 le pide “Elaborar, conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de Reglamento por el que debe regularse la Comisión Interministerial sobre Radiofrecuencias y Salud y, tras cumplimentar los trámites preceptivos, elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación. Esta Comisión, aún sin constituir desde hace seis años, está prevista en la Ley de Telecomunicaciones del año 2014.

Recuerdan que el CCARS no solo no figura entre los Organismo Públicos de Investigación regulados por ley, sino que además no cumple con los requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios, contemplados entre otras en la Ley 33/2011 General de salud.

Recuerdan, así mismo, que el Ministerio de Sanidad no puede respaldar un informe del CCARS sin haber respondido antes a la denuncia de las personas enfermas ambientales con discapacidad, que solicitaron a dicho Ministerio el cese del director científico del CCARS, Francisco Vargas, como técnico de sanidad ambiental y salud pública, por grave conflicto de interés.

La Coordinadora Estatal por una Moratoria del 5G, coincide con la Convención Ciudadana por el Clima, organización francesa de carácter consultivo y representativo, cuando propuso recientemente “establecer una moratoria sobre la implementación de 5G en espera de los resultados de la evaluación de 5G sobre salud y clima”, partiendo de que la propia Agencia Nacional francesa de Seguridad Sanitaria (ANSES) en 2019, dio cuenta de una falta significativa, o incluso una ausencia, de datos relacionados con los posibles efectos biológicos y para la salud y el medio ambiente de esta tecnología.

Las organizaciones sociales implicadas solicitan a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, previamente al despliegue del 5G, cumplir con la legalidad vigente, atender a los requerimientos de evaluación de impacto ambiental y aplicación del principio de precaución del Defensor del Pueblo en su Resolución “Evaluación ambiental y efectos en la salud del Plan Nacional 5G” de 2019; y a los de la Resolución 1815 del Consejo de Europa “sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente”, para impulsar un uso ponderado de una tecnología que sea bio-compatible, respetuosa con la vida, el clima y los recursos del planeta.

Solicitan igualmente en dicha carta, que facilite, en el ámbito del 5G, un amplio debate social con participación de los distintos agentes sociales, tal y como establece el Convenio de Aarhus; así como fundamentar sus posicionamientos en información veraz e independiente sin conflicto de intereses, teniendo en cuenta y protegiendo “a los científicos que dan la alerta temprana”, incluyéndolos en los comités de valoración de riesgos (como solicita el Consejo de Europa en su Resolución 1815). En esta línea, demandan, que finalice su colaboración y apoyo al CCARS, por no cumplir con los requisitos éticos básicos de transparencia, independencia y pluralidad de criterios.

Antena de 5G al Poblenou

Favb.cat