Si la historia de Nou Barris -ese distrito obrero e históricamente de izquierdas situado al norte de la ciudad- es algo, ese algo es, sin duda, la historia de sus reivindicaciones. Porque gran parte de sus actuales equipamientos han sido literalmente arrancados al poder político a base de movilización y de lucha.
Y decimos “gran parte” y no “todos” porque aún subsiste, como una herida abierta, una reivindicación que va camino de cumplir una década sin ser satisfecha: el Casal de Jóvenes del barrio de Prosperitat.
Retrocedamos en el tiempo: estamos en 1988 y el Ayuntamiento cede a los jóvenes del barrio la gestión directa de una tienda de muebles, sita en la calle Joaquim Valls 82, para ser destinada a Casal. El inmueble tenía siete pisos y llegaría a poseer -poca broma- el rocódromo más alto de toda la ciudad: nada menos que 15 metros.
Sin embargo, y pese a estar plenamente integrado en el barrio, el Consistorio cierra el local en 2010, en teoría debido a quejas vecinales por ruido. Los jóvenes son reubicados entonces, de forma provisional, en la calle Badosa. Y la participación, como es lógico, cae a mínimos históricos: no es lo mismo disponer de siete plantas que de una sola sala.
Dos años más tarde se les instala -siempre provisionalmente- en módulos alquilados (por los que el Ayuntamiento paga 2.000 euros al trimestre), con la promesa, eso sí, de que en 2014 contarían por fin con un flamante Casal dotado de todas las condiciones.
Pero no hubo tal. Pasó 2014… y hasta hoy. Los módulos -en realidad barracones de chapa varias veces desratizados, donde se sufre frío congelante en invierno y calor sofocante en verano- siguen siendo hoy el único lugar con que cuentan los jóvenes de Prosperitat.
¿Qué ocurrió? Todo estaba listo, presupuestado, se iban a licitar las obras… pero entonces el Ayuntamiento descubrió que el terreno estaba hipotecado, de que pesaba sobre él una deuda de alrededor de tres millones de euros. Y que, por tanto, no se podía construir allí.
“Todo el asunto es bastante opaco”, asegura Fran Fernández, miembro del Casal. “De hecho”-explica- “los jóvenes nos enteramos de la deuda porque a la Asociación de Vecinos le dio por preguntar en un Consell de Barri celebrado no hace tanto”. No parece un caso de extrema transparencia.
Al parecer todo se remonta a 2003, cuando el Ayuntamiento adquiere, a través de la empresa pública Regesa (de la que era accionista único el Consell Comarcal del Barcelonès), el terreno donde se construirá el futuro Casal, propiedad de Renfe/Adif. Pero Regesa, según fuentes municipales, nunca abonó el justiprecio fijado. Ahora la empresa ha desaparecido y el Consell Comarcal está en proceso de disolución, ambos acusados de graves irregularidades y de estar fuertemente endeudados. En este contexto de liquidación, existían cuentas pendientes que bloqueaban el levantamiento de la hipoteca: Regesa debía millones de euros al Ayuntamiento, y viceversa.
Y así llegamos al pasado mes de marzo. En estas fechas, el Consistorio comunica tanto a los jóvenes como a la Asociación de Vecinos que ha pagado la deuda, desbloqueando así la situación. Pareciera que quedaba allanado así el último obstáculo… pero no: tras las elecciones municipales, llega a conocimiento de la asociación vecinal que el Ayuntamiento, en algún momento, decidió retirar -con nocturnidad y alevosía, sin informar a nadie- la partida dedicada al Casal.
¿El motivo? Todo son conjeturas. Un reajuste, un recorte, la creencia de que, como el tema de la deuda iba para largo, ese dinero podía emplearse en otros menesteres… El caso es que ahora todo está en el aire: Habrá Casal si se aprueba un nuevo Presupuesto Municipal que incluya la partida destinada a aquél; o bien si se prorroga el Presupuesto del año pasado pero ampliado con dicha partida. Por el contrario, no habrá Casal si hay prórroga pura y dura del Presupuesto anterior, sin ampliación, pues en él se suprimió el dinero destinado al equipamiento.
Como puede verse, un auténtico culebrón, bastante confuso y opaco. Y llevamos con él nada menos que 3.285 días. Casi diez años.
